Comunidades de Regantes & Modelo 184

El artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, concreta cuales son las entidades en régimen de atribución de rentas, previendo el artículo 8.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), que las mismas (sociedades civiles no sujetas al Impuesto sobre Sociedades, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición), no tendrán la consideración de contribuyentes del IRPF.

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Zonas regables & Contratos de suministro eléctrico formalizados por los Organismos de Cuenca

No es inusual que los contratos de suministro eléctrico para la puesta en marcha de la infraestructura de algunas zonas regables estén formalizados por las propias Confederaciones Hidrográficas, al ser las mismas las titulares de las instalaciones vinculadas a los CUPs correspondientes. Ello tiene incidencia en el Impuesto Especial de Electricidad. También en el IRPF, en el marco del índice corrector aplicable a cultivos de regadío que necesiten energía eléctrica.

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Comunidades de Regantes & Medidas preventivas trabajadores de campo.

Entre las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía, traigo a colación, a la vista del incremento de las temperaturas y la labor en campo que se desarrolla por los empleados de las Comunidades de Regantes, las instauradas por su Disposición Final Primera, por la que se modifica el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

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Comunidades de Regantes & Sistema interno de información

En el Boletín Oficial del Estado del pasado 21 de febrero se publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.

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